La Comunidad se quiere hoy hacer eco de un artículo publicado esta semana por el Proyecto Dos Orillas. En él que se recogen, algunas de las medidas tomadas respecto a la Protección de Menores en Andalucía, afectando a la organización y calidad de la atención a la infancia, y a las condiciones laborales de los trabajadores/as. Sensibles e involucrados en esta tarea, os acercamos y denunciamos dicha situación.
Vuelta a los orfanatos.
Viernes 18 de enero de 2013, por
De buscar una atención de calidad, a una asistencia deshumanizada y más propia de otras épocas: ese es el titular que, con dolor, resume los tijeretazos que ha recibido la protección de menores en nuestra Comunidad. Aquí ya no se puede hablar de recortes, sino de desmantelamiento del sistema, o en todo caso de que las tijeras se han ensañado con las víctimas, niños y niñas en situación de desamparo.
¿Exageración? ¿Demagogia? Comprueben los hechos: las unidades residenciales atendían hasta ahora entre 6-8 menores, un número que permitía recrear en lo posible un entorno familiar. Ahora se establecen unidades de 16 menores como mínimo, y las habrá hasta de 30. Las de 16 sólo contarán con un Trabajador Social a media jornada y un educador por turno, y estos podrán ser técnicos superiores en lugar de diplomados como hasta el momento. El resto del personal (el de limpieza o cocina por ejemplo) habrá de ser contratado por las propias entidades concertadas, que son la mayoría en esta área de los Servicios Sociales; entidades que, además, han visto rescindidos los convenios en vigor para pasar a contratos anuales. Muchas están recurriendo a rifas y cosas así para salir adelante, lo que se denomina captación de recursos privados y antiguamente se llamaba más claramente beneficencia. Con o sin ayuda “solidaria”, todas ellas (sólo en Huelva hay 22 de estas entidades) deberán prescindir de buena parte de sus profesionales, bajarles el sueldo a los que queden y hacerlos trabajar más horas. Y por supuesto, atender como buenamente puedan a los menores a su cargo. Como también antiguamente sucedía en los orfanatos.
Una política de austeridad no justifica semejante pérdida de calidad en el servicio y en las condiciones laborales de los trabajadores, un despropósito -sin soporte legal, para colmo- que significa volver al modelo de atención de hace treinta años. Se reduce casi el 20% el presupuesto justo cuando el número de menores en riesgo se incrementa por la propia coyuntura de crisis. Y seguirá en aumento, pero no se hablará de ello, pues aunque sea un asunto muy sensible (¿qué adultos tendremos cuando dejen de ser niños?) queda bastante oculto. Los médicos, los maestros, los trabajadores han salido a la calle a protestar, pero no saldrán estos niños desprotegidos, ni sus familias en riesgo. Tampoco suelen votar. Ahí tienen una clave. Para la Administración, son recortes “menores”.
¿Exageración? ¿Demagogia? Comprueben los hechos: las unidades residenciales atendían hasta ahora entre 6-8 menores, un número que permitía recrear en lo posible un entorno familiar. Ahora se establecen unidades de 16 menores como mínimo, y las habrá hasta de 30. Las de 16 sólo contarán con un Trabajador Social a media jornada y un educador por turno, y estos podrán ser técnicos superiores en lugar de diplomados como hasta el momento. El resto del personal (el de limpieza o cocina por ejemplo) habrá de ser contratado por las propias entidades concertadas, que son la mayoría en esta área de los Servicios Sociales; entidades que, además, han visto rescindidos los convenios en vigor para pasar a contratos anuales. Muchas están recurriendo a rifas y cosas así para salir adelante, lo que se denomina captación de recursos privados y antiguamente se llamaba más claramente beneficencia. Con o sin ayuda “solidaria”, todas ellas (sólo en Huelva hay 22 de estas entidades) deberán prescindir de buena parte de sus profesionales, bajarles el sueldo a los que queden y hacerlos trabajar más horas. Y por supuesto, atender como buenamente puedan a los menores a su cargo. Como también antiguamente sucedía en los orfanatos.
Una política de austeridad no justifica semejante pérdida de calidad en el servicio y en las condiciones laborales de los trabajadores, un despropósito -sin soporte legal, para colmo- que significa volver al modelo de atención de hace treinta años. Se reduce casi el 20% el presupuesto justo cuando el número de menores en riesgo se incrementa por la propia coyuntura de crisis. Y seguirá en aumento, pero no se hablará de ello, pues aunque sea un asunto muy sensible (¿qué adultos tendremos cuando dejen de ser niños?) queda bastante oculto. Los médicos, los maestros, los trabajadores han salido a la calle a protestar, pero no saldrán estos niños desprotegidos, ni sus familias en riesgo. Tampoco suelen votar. Ahí tienen una clave. Para la Administración, son recortes “menores”.
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